Si poco le ha gustado a un servidor esa disculpa real, sin alusión explícita a los hechos que la motivan, y sin mirar a cámara, cuya puesta en escena (con el monarca sosteniéndose a penas a sí mismo sobre sus inestables muletas) parecía querer apelar a nuestra compasión paterna antes que dar respuesta a una indignación legítima, menos aún le han gustado las opiniones al respecto de quienes dándose por satisfechos, emplean de nuevo palabras como “privacidad” (que es algo de lo que el Rey carece) y obvian el hecho, no menos grave, de que el presidente del gobierno (último responsable, según la Constitución, de las regias actividades exteriores) no hubiese (o sí) firmado su consentimiento a la tintinesca y verde aventura del gran cazador blanco.

No es que servidor espere un referéndum, que hubiese venido bien para preguntarnos si queríamos rescatar a los bancos pero que en este asunto no iba a servir más que para distraernos un poco más del robo al que se nos continúa sometiendo: no es de esos, aún; pero si don Juan Carlos I, en vez de haberse limitado a poner cara de “en el castigo llevo la penitencia”, hubiese dicho algo así como “con respecto a lo que ya sabéis, haré una declaración pública en cuanto llegue a casa” y, en efecto hubiese comparecido para explicar por qué, cómo, con qué permisos y a qué precio hizo lo que hizo, servidor se habría quedado más tranquilo.

— Un discurso.

Una declaración que empezase diciendo, por ejemplo: “En el ejercicio de sus responsabilidades como Jefe del Estado y aún más en el cumplimiento de sus funciones como embajador y, no pocas veces, mediador de los intereses de España en distintos frentes, el Rey se ve a menudo obligado…” Y que terminase, tras un relato pormenorizado del protocolo seguido y del desarrollo de los acontecimientos, con una disculpa expresa. Algo adecuado, en suma.

— Díselo al elefante.

A la que no parece fácil pedir cuentas es a Cristina Fernández de Kirchner por la no muy bien gestionada reivindicación de la propiedad argentina de YPF. Lo cierto es que, entre 1992 y 1999, el estado argentino recibió 20.269 millones de dólares por su privatización de los cuales 15.169 millones correspondieron a la adquisición de acciones realizada por Repsol en 1999. Sobre esa cantidad se puede argumentar una reclamación, lógicamente; pero no desde La Moncloa, ¿por qué desde La Moncloa?

YPF es una empresa históricamente importante en el sentir social argentino y no es de extrañar que allí se muestren mayoritariamente a favor de una medida que no va a resultar, seguramente, la panacea que anuncia Fernández de Kirchner (y de cuya legalidad deberán ser otros quienes opinen), pero que en modo alguno se puede leer como una agresión a los intereses españoles. Por ese camino, lo único que va a conseguir Rajoy es hacernos parecer aún más frágiles de lo que somos.

Al menos a servidor le importa poco la suerte de una marca que tampoco se desvive por este país (no es como si hubiesen nacionalizado Telefónica, ¿eh?, que día tras día lucha tan ferozmente por hacernos la vida más fácil ofreciéndonos un servicio eficiente y de calidad que se encuentra entre los más baratos de Europa) y de hecho le extraña un poco que Rajoy se haya tomado como cosa suya la defensa de una empresa que es, enteramente, de sus accionistas, sobre cuyas actividades no existe control público alguno y cuyos beneficios no redundan en el nuestro de forma significativa. ¿O acaso lo que es malo para Repsol es malo para España, y viceversa? Las respuestas a esto han sido de todos los colores; aunque a servidor la que más le divierte es aquella que pedía nacionalizar a Messi en represalia. Los hay que no piensan en otra cosa.

Ah! sí: ya han subido el copago farmacéutico, y se anuncian más recortes. A río revuelto…

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